Indígenas yaqui de la localidad de Loma de Bácum, Sonora, se dieron a la tarea de usar una retroexcavadora para extraer ocho metros de un gasoducto que construye Sempra Energy para llevar gas natural desde Arizona a los estados del Pacífico mexicano.
En agosto pasado, los pobladores se dieron a la tarea de dejar el pedazo principal a una milla del centro comunitario, perpendicular al resto de la tubería, como una ‘t’ minúscula, y con ello detuvieron una inversión de 400 millones de dólares proyectada por IEnova, la unidad de Sempra que opera el gasoducto.
El impacto se está extendiendo mucho más allá de Loma de Bácum y sus cuatro mil 500 residentes. Las exportaciones de gas de Arizona a México se han desplomado un 37 por ciento desde la paralización del gasoducto, alcanzando un mínimo de ocho meses en diciembre.
Ante la situación la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene que usar combustóleo para generar electricidad, lo que sube los costos.
No es un caso aislado. La apertura de la industria energética de México ha tenido éxito en atraer capital, pero también ha sido acosada por disputas territoriales o ambientales, a menudo involucrando al sinnúmero de grupos indígenas del país.
Cuando la protesta se vuelve sabotaje, hay el riesgo de que los inversores se desalienten de las fases futuras, como en un desarrollo extenso de shale. También es útil para el candidato izquierdista que encabeza la carrera para las elecciones presidenciales del próximo año, quien promete revertir algunas de las reformas.
El gasoducto que cruza parte de la comunidad de Loma de Bácum pertenece al Gasoducto Sonora en el tramo Guaymas-El Oro, tal sistema de 835 kilómetros que cruza Sonora y Sinaloa y tiene una capacidad de transporte de 770 millones de pies cúbicos diarios.
“Consentimiento negado”
Los yaquis de Loma de Bácum señalan que las autoridades comunitarias les preguntaron en 2015 si querían que un tramo de nueve millas del gasoducto atravesara sus tierras y que dijeron que no, proceso que legalmente está contemplado en la Ley de Hidrocarburos como Consulta Indígena. La construcción siguió adelante de todos modos.
La Secretaría de Energía aceptó que ese informe es cierto, en una declaración que resalta las dificultades que enfrentan sus funcionarios. La consulta de las ocho comunidades yaqui a lo largo de la ruta se llevó a cabo, como exige la ley.
Siete de ellas dieron luz verde, dijo la secretaría por correo electrónico, “mientras que la localidad de Loma de Bácum negó el consentimiento”.
El proyecto ahora se encuentra en un limbo legal. IEnova está esperando una resolución judicial que les permita entrar y repararlo, o requerirá una ruta más costosa.
“Si quieren construir un gasoducto, está bien”, dijo Guadalupe Flores, líder de la comunidad yaqui, quien además aspira a convertir la inversión del consorcio estadounidense, en asadores para comer “al aire libre”.
